En materia legislativa, la norma que mayor notoriedad ha alcanzado, de entre las publicadas en el mes de marzo, es la Ley de desindexación de la economía española.
A través de esta norma, incluida en el plan de reformas del gobierno, se pretende acabar con el ajuste automático de precios y demás partidas monetarias, ligado a la evolución que experimente el IPC.
Por razones obvias, se excluye de su ámbito de aplicación a la negociación colectiva de salarios, a las pensiones y a los productos financieros.
En cuanto a los contratos privados, se respeta el principio de autonomía de la voluntad de las partes y se permite el pacto expreso de revisión de precios ligado a la inflación.
En materia jurisdiccional, es de gran interés el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia, en relación con la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), cuando la transmisión no genera beneficio, sino pérdida, para el vendedor.
Son también bien recibidas, dos Sentencias del Tribunal Supremo, que ponen coto a ciertas conductas de la Administración tributaria, que so pretexto de defender el interés general, menoscaban los derechos individuales de los contribuyentes.
De entre las diversas consultas publicadas por la Dirección General de Tributos, cabe destacar la pertinacia en defender una interpretación de las normas fiscales, en materia de IVA, contraria a la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Consulta Vinculante V0549/2015).
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