Novedades del mes de enero de 2016

La actividad legislativa en el mes de enero, ha resultado ciertamente escasa. Seguramente esto se debe a la reciente constitución de las Cortes resultantes de los comicios celebrados en diciembre de 2015, y a la falta de elección del nuevo gobierno.

En cambio ha habido una destacable actividad, tanto en materia judicial, como administrativa.

Se han publicado interesantes sentencias del Tribunal Supremo así como de Tribunales Superiores de Justicia.

Una de ellas, del Tribunal Supremo, ahonda en la nueva línea doctrinal de la unicidad de la Administración, para confirmar que las comprobaciones de valor realizadas por Administraciones tributarias autonómicas, vinculan a la Administración General de Estado.

Se trata de la Sentencia de 21 de diciembre de 2015, conforme a la cual, para la determinación de la ganancia o pérdida patrimonial generada por la transmisión de inmuebles, el coste computable es el valor comprobado por la Hacienda autonómica, a efectos del ITP-AJD liquidado en la compra, y no el precio de adquisición.

Seguramente, la Administración tributaria no admitirá pacíficamente la aplicación de este criterio. Al tratarse de una primera sentencia en este sentido, no genera jurisprudencia vinculante.

También son de interés los pronunciamientos judiciales sobre la aplicación de los incentivos fiscales establecidos para la transmisión hereditaria de participaciones en empresas familiares.

Por una parte, admitiendo el cómputo de la participación indirecta, a efectos de determinar si se alcanza el porcentaje mínimo de participación exigido por la norma fiscal. Por otra, sentando criterio en cuanto a que el cumplimiento de los requisitos, ha de hacerse atendiendo a aspectos materiales, más que a los formales.

Es igualmente destacable, la enmienda que la Dirección General de Tributos ha realizado al Tribunal Económico-Administrativo Central, en cuanto a la consideración como gasto deducible, para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de los intereses de demora liquidados por la Administración tributaria.

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